La juez del caso de los EREs falsos imputó ayer al actual director general de empleo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera. La imputación no supone una condena y sigue rigiendo el principio de presunción de inocencia. Pero lo cierto es que con esta decisión la investigación judicial da un nuevo salto porque afecta ya a la gestión de la actual Consejería de Empleo. Son ya cinco los altos cargos imputados en este sumario, tres directores generales, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el que era el antiguo delegado de empleo. Si los hechos que se investigan se dan por probados, se certificaría no solo un caso de mal empleo del dinero público sino todo un sistema estable de fraude con fines políticos.
Los directores generales de empleo y los consejeros se habrían sucedido en los cargos sin que nada cambiase, los nuevos responsables seguían manteniendo viva una trama fraudulenta con fines políticos en los que estaban implicados sindicatos, consultoras y empresarios afines. El sistema difícilmente hubiera podido montarse si sus responsables no hubieran dado por descontado que el PSOE iba a seguir en el poder durante un tiempo indefinido. Casos como este ponen de manifiesto hasta qué punto es necesaria una alternancia en Andalucía. Más allá de cualquier consideración ideológica es evidente que la Comunidad Autónoma necesita de un relevo que sanee y haga entrar el aire en los mecanismos del poder.
